PENAL

Acciones que se pueden emprender ante un traslado ilegal de un menor por parte del progenitor de origen extranjero a su país Los progenitores divorciados o separados de origen extranjero con hijos menores pueden tener u obtener autorización para viajar con ellos a sus países de origen. En la mayoría de las ocasiones este episodio se desarrolla con absoluta normalidad, pero también ocurre que algunos progenitores aprovechan la circunstancia para sustraer o retener ilegalmente al menor, contraviniendo el régimen de patria potestad y custodia establecido judicialmente. En estos casos, tanto la acción penal como la civil pueden resultar válidas y efectivas. Con la primera se persigue la presunta comisión de un delito, con la correspondiente pena a imponer, en su caso. Mediante la acción civil se ejecuta la vuelta de los menores en cumplimiento del ejercicio conjunto de la patria potestad establecido en una sentencia matrimonial o de familia, y para asegurar el cumplimiento del régimen de estancias y comunicaciones establecido a favor del otro progenitor. No obstante, también en la vía penal se puede solicitar como medida cautelar el inmediato reintegro o restitución del menor España. Existe incluso una tercera vía para ciertos supuestos; cuando los hechos se refieren a determinados países con los que España tiene un convenio para este tipo de asuntos. Es el caso, por ejemplo, de Marruecos; Estado con el que España tiene firmado el Convenio de Madrid de 30-5-1997, que permite formular una solicitud al Ministerio de Justicia español, aportando cierta documentación. Esta última vía, de ser posible, es además más rápida, y es compatible con las otras dos, que también son compatibles entre sí. Aquí la celeridad es muy importante, para evitar que pueda estimarse el arraigo del menor que permita denegar su devolución. Si usted se encuentra en una situación similar a la descrita, nuestros profesionales pueden prestarle la oportuna asistencia legal para obtener la restitución del menor a la mayor celeridad posible

No prescribe la condena a indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados por la comisión de un delito El Tribunal Supremo (TS) acaba de declarar que los pronunciamientos de condena por un delito, relativos a indemnizar los perjuicios ocasionados por el mismo (responsabilidad civil), pueden hacerse cumplir hasta que sean completamente satisfechos por el condenado, independientemente del tiempo que transcurra; es decir, ni caducan ni prescriben. Ha sido analizando el caso de un condenado en 2001 como responsable de un incendio forestal, al que además se le condenaba a pagar una indemnización de responsabilidad civil en concepto de daños y perjuicios derivados del mismo. Instado a pagar dicha indemnización habiendo transcurridos más de 15 años desde que resultara condenado, quiso que se declarase ya prescrita dicha responsabilidad, pero el TS ha señalado que la responsabilidad civil derivada de la sentencia penal no prescribe. Este pronunciamiento del TS tiene bastante relevancia en el mundo judicial,  porque supone un cambio de criterio respecto a lo que se venía manteniéndose hasta ahora por los tribunales: La ejecución sólo termina con la satisfacción completa del condenado de lo establecido. Es una ejecución civil que, de oficio, se promueve por el órgano jurisdiccional que la ha dictado, y no a instancia de parte, por lo que no precisa de una demanda para ser ejecutada.

Se suprime la posibilidad de esterilizar a las personas con discapacidad sin su consentimiento Ha entrado en vigor hoy una Ley Orgánica que ha suprimido una previsión de nuestro Código Penal que permitía la esterilización forzosa no consentida a personas con discapacidad o incapacitadas judicialmente, previa autorización judicial. Esta posibilidad legal se mantenía en España pese a haber trascurrido más de una década desde que se incorporara a nuestra legislación la Convención Nueva York 13-12-2006, sobre los derechos de las personas con discapacidad; un tratado internacional que supuso un cambio importante en la forma de contemplar la protección debida a este tipo de personas, al abandonar la vieja idea de protección mediante la limitación de sus derechos por una idea más asistencial y de apoyo, que aboga por mantener su autonomía en la medida de lo posible. La Convención trata de poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones; también las relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, a fin de asegurar que: a) Se reconozca el derecho de las personas con discapacidad, a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges. b) Se respete su derecho a decidir libremente el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, a tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad. c) Mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás. Los procedimientos que estuvieran actualmente tramitándose quedan sin efecto a partir de hoy, recuperando la persona objeto de los mismos la plena libertad de decisión respecto de someterse o no al tratamiento médico.     Si necesita un abogado para la tramitación de un proceso que afecte a la capacidad o derechos de una persona discapacitada nuestros profesionales sabrán proporcionarle adecuado asesoramiento para la obtención del pronunciamiento más acorde a los intereses en juego

¿Qué hacer si el familiar con quien reside alguno de nuestros mayores (padre, madre, abuelo o abuela) nos impide que le visitemos? En ocasiones las enemistades entre parientes cercanos de una familia dan lugar a situaciones que acarrean perjuicios de contenido no económico, sino afectivos. Ejemplo habitual, y dan lugar en la práctica a multitud de reclamaciones judiciales, son las impedidas relaciones entre los abuelos y sus nietos menores de edad, a cuenta del enfrentamiento entre aquellos con los  progenitores. Pero, ¿y si es al revés? Nos hacemos eco de algunos casos en los que una persona de avanzada edad  reside en el domicilio de alguno de sus hijos, enemistado con sus hermanos, impidiendo al resto de sus hijos y nietos contactar con él o poder realizar algún tipo de régimen de comunicaciones o visitas. Las soluciones judiciales que se abren podrían ser diversas. Realmente si hablamos de un anciano que conserva facultades mentales y físicas para tomar sus decisiones, no se podría hacer mucho, salvo que en contra de su voluntad esté siendo coaccionado o impedido de alguna manera para que no tenga relación y comunicación con ese hijo, en cuyo caso ya entraríamos en el ámbito del derecho penal, por ejemplo el delito de detención ilegal, secuestro, coacciones etc. Por lo tanto la vía adecuada sería presentar la correspondiente denuncia, y en las diligencias a practicar por el juzgado de instrucción se tomará declaración al padre, para ver cuál es realmente su voluntad y capacidad para tomar libremente sus propias decisiones. Si el anciano presenta algún tipo de discapacidad se podría acudir a un expediente de jurisdicción voluntaria ( actuación en la que se requiere al juez que intervenga para la tutela de ciertos derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso), invocando la falta de voluntad del padre, por razón de su avanzada edad, lo que afecta a su capacidad de decidir, y el perjuicio que se le está causando al impedirle tener relación con uno de sus hijos sin haber causa para ello. Por último, se podría presentar una demanda civil “convencional”, a título personal y en representación de los nietos, solicitando comunicaciones y/o visitas con el progenitor-abuelo, sobre la base de que las mismas se están impidiendo indebidamente por el hijo con el que convive en contra de la voluntad del padre. La resolución de este proceso se resolverá en función de lo que manifieste el padre y/o  se acredite sobre su capacidad para tomas sus propias decisiones. En la demanda, se deberá alegar tanto el obstáculo que pone ese familiar a las relaciones, como la existencia de ciertas limitaciones en el padre, en atención a su edad que le impiden tomar las suyas propias. Si usted se encuentra en una situación similar nuestros profesionales podrán asesorarle en la defensa de sus derechos