Las Instituciones Penitenciarias ocupan un lugar central en la política de seguridad y en la política de control social de cualquier país. El Estado tiene la obligación de construir y mantener estos espacios de rehabilitación y preparación para la reinserción social del individuo, destinados a aquellas personas que han cometido un delito grave.
El Artículo 25.2 de la Constitución Española, establece que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados…” y que el condenado “…tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad“.