PENAL

¿Qué situaciones pueden dar lugar a la responsabilidad por homicidio del agente al mando de un operativo policial en caso de fallecimiento de un manifestante? El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado  la condena de prisión e inhabilitación por homicidio por imprudencia omisiva grave para un ertzaina por la muerte de un aficionado del Athletic de Bilbao que falleció como consecuencia de un impacto en la cabeza de una pelota de goma lanzada por la policía tras un partido de fútbol. El agente tenía bajo su mando varias furgonetas y a pesar de su responsabilidad y sin existir razones de orden público que según el TS lo justificara, ni concurrir las condiciones necesarias para hacer uso del material antidisturbios, permitió y no ordenó que parasen los disparos con munición de pelotas de goma. Considera el TS que de haber actuado impidiendo o deteniendo la carga policial, el fallecimiento no se habría producido. Entiende que la actuación policial no estaba justificada, de acuerdo con la normativa y protocolos de actuación en situaciones de orden público, porque el escaso lanzamiento de objetos  por parte de los aficionados objeto de control policial podía haberse cortado sin necesidad de utilizar pelotas de goma. Considera también que la actuación fue inadecuada, de acuerdo con esa misma normativa, por las características del callejón dónde se encontraban los aficionados, con reducidas dimensiones y con una sola vía de salida al fondo del callejón, lo que unido a la presencia en el lugar de una aglomeración de personas, dio lugar a una situación de atrapamiento y provocó situaciones de pánico, poniendo en riesgo la integridad física de los allí congregados, produciéndose finalmente el fallecimiento de la víctima. Nuestros abogados pueden proporcionarle el adecuado asesoramiento y ejercer la defensa de sus intereses en actuaciones derivadas de hechos que constituyan o puedan ser constitutivos de delito

Prisión permanente revisable cuando la víctima es una persona enferma en situación de especial vulnerabilidad La muerte alevosa de una persona con discapacidad es más grave que la de un mayor de edad que es asesinado mientras duerme. En tales casos el autor se ha aprovechado de la natural incapacidad de reacción defensiva de este tipo de personas a las que el ordenamiento jurídico les confiere mayor protección. Por ello, a la hora de castigar estos actos, no se puede obviar su situación de especial vulnerabilidad. Si hablamos de asesinato, entre las distintas modalidades en las que se puede presentar, nuestras leyes hacen posible que cuando las víctimas pertenecen a este grupo social tan singular las penas puedan, no solo ser agravadas, sino hiperagravadas, lo que permite la imposición de la prisión permanente revisable (la figura más próxima a lo que popularmente se conoce como «cadena perpetua»). Son conclusiones que extraemos de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que ha estimado el recurso que se interpuso contra la condena a 23 años de prisión  a un hombre por el asesinado con alevosía y agravante de parentesco y de género de su esposa, enferma y con un grado de minusvalía del 85% a causa de su dolencia, que le interpuso el Tribunal del Jurado. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha considerado que, al margen de apreciarse la alevosía por indefensión, en su modalidad de alevosía doméstica y convivencial (derivada de la situación de confianza de la víctima en el marco del hogar), no se puede obviar la situación de especial vulnerabilidad de la misma por la discapacidad que presentaba debido a su enfermedad. Nuestros abogados pueden proporcionarle el adecuado asesoramiento y ejercer la defensa de sus intereses en actuaciones derivadas de hechos que constituyan o puedan ser constitutivos de delito

Falsear las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación de la entidad se castiga hasta con 3 años de prisión Incurren en conducta delictiva los administradores de una sociedad, constituida o en formación, que falseen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio a la misma, a alguno de sus socios o a un tercero. Las falsedades siempre tienen una finalidad económica, si bien no es preciso que se produzca perjuicio económico alguno simplemente que sea idóneo para causarlo; aunque en tal caso la pena sería más leve, quizá poco más de un año. Con respecto a las cuentas anuales, no se sanciona el incumplimiento total o parcial de la obligación de elaborar o formular las cuentas anuales, sino el contenido falso de las cuentas anuales formuladas. A efectos penales, resulta irrelevante que las cuentas, una vez aprobadas, se depositen o no en el Registro Mercantil. En cuanto a los otros documentos que deban reflejar la situación económica o jurídica de la sociedad, se incurriría en delito si la actividad va referida a documentación legalmente exigible. A saber: – los libros obligatorios de contabilidad – el libro diario, de inventarios y cuentas anuales – el libro de actas y sus certificaciones – el libro de acciones nominativas – el libro registro de socios – el informe de gestión En general, los documentos que deban presentar los administradores con ocasión de la transformación, fusión, escisión, emisión de obligaciones y demás informes. Han de comprenderse bajo tal consideración los documentos exigidos por la normativa específica o sectorial aplicable a cada entidad (banca, seguros, mercado de valores, etc.). En actuaciones derivadas de hechos que pudieran constituir un ilícito penal nuestros abogados se ponen a su disposición para la defensa de sus derechos

La emisión de una orden europea de detención paraliza la prescripción del delito aunque no esté localizada la persona contra la que se dirige La emisión de una orden europea de detención supone un acto de activación de un proceso penal, que impulsa la persecución del delito y refuerza la imputación de la persona requerida, aunque se encuentre en paradero desconocido, impidiendo el archivo de las actuaciones en base a los años transcurridos. En estos términos se ha expresado el Tribunal Supremo (TS) en el contexto de un proceso iniciado por unos padres que denunciaron en 1993 la desaparición de su hijo junto con su vehículo en Madrid. La investigación judicial identificó a los dos presuntos autores del robo con homicidio; uno de ellos resultó detenido y absuelto y el otro fue procesado en rebeldía (huido de la acción de la justicia). Los tribunales en 2018, archivaron la causa por haber prescrito el delito, dados los 20 años transcurridos. Aunque existía una eurorden contra los sujetos, que ni tan siquiera están localizados, consideraron que esta no impide que siga corriendo el tiempo a los efectos de  la prescripción del delito; al contrario de lo que ocurre con la orden de extradición. Pero los padres recurrieron ante el TS que les ha dado la razón y ha revocado la decisión de que se archivara el caso, declarado que una orden europea de detención interrumpe igualmente el plazo de prescripción de los delitos, pues entre otros contenidos, necesariamente integra el acuerdo de privación de libertad de la persona sobre la que recae y que trasciende a una mera detención, y su emisión implica una activación del proceso, se activa la persecución y refuerza la imputación de la persona sobre la que recae.   Nuestros profesionales están a su disposición para defender su causa e impedir que los hechos de los que trae origen queden impunes

Absuelta la acusada de quedarse con el décimo agraciado con el premio especial a la fracción y repartir entre sus compañeros el resto de décimos del número premiado Una mujer que se encargaba desde hace 15 años de comprar varios décimos de Lotería Nacional para compartir con otras 5 personas resulta absuelta del delito de apropiación indebida del que fue acusada por sus compañeros de grupo. Habiendo resultado premiado el número del que había adquirido varios décimos, esta mujer, una vez celebrado el sorteo, repartió los mismos entre sus compañeros, quedándose para ella el décimo agraciado con el millonario premio especial a la fracción. En un principio los tribunales dieron la razón a sus compañeros de juego,  reconociendo su derecho a una cuota proporcional en los décimos no repartidos. Pero la acusada interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que la absuelve de este delito al entender que la obligación asumida con el grupo era la de compartir el número, pero que no había un pacto de asignación de cuotas sobre el premio a la fracción. Para el Tribunal Supremo la recurrente cumplió con la obligación asumida, que no era otra que repartir los décimos adquiridos, trasmitiendo a cada uno de los jugadores la parte que había comprado, y lo hace incluso cuando sabe que está premiado. No obstante el tribunal realiza dos precisiones: 1ª.- Los hechos denunciados podrían haber sido condenados por un delito de estafa, pero no puede pronunciarse al respecto porque no fue requerido para pronunciarse por este otro delito. 2º.- En la jurisdicción civil, a la luz de los hechos descritos, podría tener éxito una reclamación de cantidad contra esta persona por parte de sus compañeros de grupo. Destacar las discrepancias habidas en este caso entre los propios magistrados del Tribunal Supremo,  habiendo formulado votos particulares dos de los cinco magistrados que componían la Sala. Estos dos consideran que la acusada si debería haber sido condenada por apropiación indebida, pues el hecho de que no se hubiera determinado una asignación de cuotas para la fracción demuestra que todos tenían una expectativa común sobre un eventual premio especial que correspondiera a los décimos comprados y que esta mujer reparte a su conveniencia una vez que constata la concreta fracción millonariamente agraciada. Si usted se encuentra en una situación similar nuestros profesionales podrán asesorarle en la defensa de sus derechos

Desconocerse el Estado en el que se falsificó un documento de identificación no impedirá juzgar en España un delito de falsedad documental El Tribunal Supremo (TS) ha confirmando la pena que un juzgado penal de Barcelona impuso a un ciudadano colombiano, mayor de edad y sin antecedentes penales, que hizo uso para identificarse ante agentes de mossos d’ esquadra, de un permiso de conducir internacional que había sido elaborado de manera fraudulenta  por el propio acusado personalmente o por otra persona a su ruego, al que le incorporó su fotografía y datos biográficos. La Audiencia Provincial de Barcelona (AP) estimó el recurso que el ciudadano colombiano interpuso contra esta sentencia del juzgado, absolviéndole del delito de falsedad en documento oficial por que había sido condenado a la pena de seis meses de prisión y multa de seis meses a razón de seis euros diarios. El Ministerio Fiscal recurrió este pronunciamiento ante el TS, que ha resultado estimado. Al contrario de lo que entendió la AP, considera que no se requiere que el documento falsificado sea de identidad, en sentido estricto, sino que basta con que la falsificación perjudique directamente al crédito o intereses del Estado, e introducción o expedición de lo falsificado. Aunque para el TS, del relato de los hechos no consta el lugar de falsificación del documento, como ha sido utilizado en territorio español, necesariamente ha sido introducido en España, y el criterio del dominio funcional que se utiliza para atribuir la participación del acusado en la falsificación, igualmente determina su participación en la introducción en España del mismo. En actuaciones derivadas de hechos que pudieran constituir un ilícito penal nuestros abogados se ponen a su disposición para la defensa de sus derechos

Condenado el administrador único de una empresa por no abonar con ánimo defraudatorio las cuotas sociales de los trabajadores Ha resultado condenado a dos años de prisión y al pago de una multa de 341.914 euros el gerente de una mercantil que no abonó durante cuatro años las cuotas sociales de los trabajadores. Deberá indemnizar además a la Tesorería General de la Seguridad Social con 226.772 y no podrá obtener ayudas públicas, subvenciones o de gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cuatro años. Los jueces han considerado probado que el condenado incumplió de forma consciente y voluntaria sus obligaciones en materia de cotización social, siendo el responsable, como administrador único, que la sociedad llevara incumpliendo de forma absoluta su obligación de abonar las cotizaciones sin tan siquiera haber solicitado aplazamiento alguno de pago o la regularización de la deuda acumulada. A mayor abundamiento, ocultó la contratación efectiva a la Seguridad Social la efectiva de otros trabajadores, algunos de ellos extranjeros. Tampoco cumplió con la obligación de depositar las cuentas de la sociedad en el registro mercantil durante varios ejercicios ni presentó el impuesto de sociedades en los años en los que se desarrollaron los hechos objeto de condena. Ante actuaciones derivadas de hechos que pudieran constituir un ilícito penal nuestros abogados se ponen a su disposición para la defensa de sus derechos