ADMINISTRATIVO

¿Qué información prevalece en caso de contradicción entre los datos obrantes en uno y otro? El Registro de la Propiedad es un registro de títulos (documento acreditativo), de derechos reales inmobiliarios y no un registro de fincas; por lo que la presunción de veracidad de la información contenida en sus asientos no opera con respecto a la superficie y demás datos físicos de los bienes inmuebles inscritos. Es decir, la fe pública del Registro actúa asegurando la existencia y contenido jurídico de los derechos inscritos pero no garantiza la exactitud de los datos de puro hecho relativos a la descripción de las fincas. El Catastro Inmobiliario publica la realidad física de las parcelas, su situación, cabida, linderos y su valoración a efectos fiscales. La norma asigna presunción de certeza a los datos catastrales de hecho y su valoración, pero no a las titularidades  de dominio sobre las mismas ni demás datos jurídicos. La inclusión en el catastro es una potestad administrativa antes que un derecho del particular titular de bienes inmuebles para que este pueda hacer valer o reivindicar su título de dominio. Por este motivo, la función catastral respecto de la modificación de la titularidad de las fincas queda restringida a los casos en que dicha modificación resulte debidamente justificada. En estos términos se ha expresado recientemente el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid resolviendo un conflicto que surge cuando la Administración redujo casi a la mitad una finca que su titular había adquirido por donación, mediante un procedimiento de rectificación catastral. La finca en cuestión, había sido objeto durante años de controversias judiciales con los propietarios colindantes, pero sin llegar a acreditarse ningún cambio en la titularidad. El expediente administrativo de rectificación, por su parte, no recoge ningún motivo por el que la Administración modifica la superficie de la finca. Así que, tras agotar los recursos ante la propia Administración, acude a los tribunales ordinarios considerando que tales titulares colindantes no pueden adquirir el dominio por vía administrativa de su finca cuando no lo han conseguido en vía judicial, habida cuenta que no disponen de título ni de derecho alguno sobre la superficie. El TSJ Madrid le ha dado la razón. La rectificación se ha basado en datos fácticos, y no jurídicos, obrantes en el Registro de la Propiedad. Y, por lo tanto, conforme a la normativa aplicable, al no existir prueba que justifique la rectificación por la Administración catastral ni un pronunciamiento judicial justificativo, el dato de la superficie contenido en el Catastro, como registro administrativo, debe prevalecer sobre el dato fáctico de la superficie contenido en el Registro de la Propiedad. Conclusión Salvo prueba en contrario, los datos fácticos contenidos en el Catastro prevalecen sobre los datos fácticos del Registro de la Propiedad; la fe pública registral actúa asegurando la existencia y contenido jurídico de los derechos inscritos, pero no garantiza la exactitud de los datos de puro hecho. Si  usted se siente perjudicado y disconforme con una actuación administrativa nuestros profesionales podrán asesorarle en la defensa de sus derechos

¿Resulta válida la prueba de cabello para determinar el consumo de drogas en conductores? Los expertos (forenses y peritos) mantienen que las pruebas de saliva o sangre son idóneas para determinar un consumo esporádico e inmediato de sustancias psicotrópicas. Sin embargo, la prueba con cabello sirve para comprobar si una determinada persona es consumidora habitual de drogas, pero no permite constatar un consumo puntual, en un día aislado y determinado, si el sujeto no es toxicómano; si en un día concreto una persona que no es consumidora habitual de drogas condujo o no con presencia de ellas en su organismo. En este sentido se ha manifestado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Pontevedra, resolviendo un recurso contra la resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico que confirmaba la sanción de 1.000 euros de multa y retirada de 6 puntos del carné interpuesta a un conductor por incurrir en una infracción muy grave no constitutiva de delito, al conducir con presencia de drogas en el organismo. Para incurrir en esta sanción basta la constatación de la presencia de drogas en el organismo del conductor, con independencia de una influencia negativa o no que pudiera tener en la conducción. Los hechos de los que trae origen el recurso se inician cuando unos agentes de tráfico, en un control rutinario, someten al conductor a un análisis de saliva que arroja como resultado consumo de cannabis, que confirma en su momento la muestra que se remite al laboratorio. El conductor niega el consumo de ningún tipo de droga y alega que se ha vulnerado su presunción de inocencia, a cuenta de los resultados de la prueba llevada a cabo por un laboratorio privado sin que se hayan mantenido las debidas garantías en la cadena de custodia. Por ello recaba un informe toxicológico forense de análisis de cabello, cuya resultado da negativo. Además de lo declarado respecto a la prueba de cabello, el Juzgado señala que el sistema de remisión de las muestras de saliva al laboratorio contratado por el Ministerio del Interior garantiza la cadena de custodia y evita la contaminación o el deterioro de las muestras, puesto que aquel es coadyuvante (colaborador) con el ejercicio de una función pública en virtud de un contrato de Derecho administrativo. Por todo ello, el Juzgado desestima el recurso, confirmándose la sanción administrativa. Si usted se encuentra afectado por un procedimiento sancionador nuestros profesionales pueden proporcionarle el adecuado asesoramiento y ejercer la defensa de sus intereses

¿Se puede exponer en las zonas comunes la identificación detallada de los vecinos afectados por una denuncia por unas obras irregulares? Se reclama ante la Agencia española de protección de datos (AEPD) la exposición pública del acta de la última asamblea de la comunidad en los ascensores del edificio, en la que se identifica con nombre, apellidos, pisos y puerta a los asistentes y representados, y se detalla piso y puerta de los vecinos implicados en los temas tratados en la reunión, destacando los afectados por una denuncia que se va a iniciar por motivo de unas obras consideradas irregulares por la comunidad. La AEPD da la razón a los vecinos reclamantes, al considerar que la comunidad ha vulnerado los principios de integridad y confidencialidad de los datos personales. Señala que el hecho de que la comunidad haya emprendido acciones legales por la controversia suscitada con dichas obras no justifica la publicación del acta con los detallados datos personales de todos los vecinos asistentes a la reunión. Si lo que se quiere es comunicar de forma fehaciente el acuerdo adoptado en la junta, la comunidad debe utilizar un medio como burofax o carta certificada, que garantice la protección de datos personales de los afectados. La AEPD lo califica de infracción muy grave, sancionable con multa de hasta 20.000.000 euros, que es necesario graduar teniendo en cuenta como condicionantes que es una acción negligente no intencional pero significativa y que se encuentran afectados identificadores personales básicos, por lo que se impone finalmente una sanción de 15.000 euros. Si usted se encuentra en una situación similar nuestros profesionales podrán asesorarle en la defensa de sus derechos

¿Tenemos derecho a que se supriman nuestros datos personales una vez que causamos baja en un padrón municipal? El derecho al olvido digital de la ciudadanía previsto en la ley de protección de datos es aplicable a hechos noticiables publicados en internet, entendida como red informática de nivel mundial que utiliza la línea telefónica para transmitir la información de libre acceso para cualquier persona, almacena en una red de servidores que poseen las empresas conocida como la nube. Los datos obrantes en el padrón de habitantes de personas que se han dado de baja carecen de valor informativo y están sujetos a las reglas de acceso, cesión, rectificación y cancelación previstas en la ley de protección de datos y, además, pueden servir, y de hecho sirven, para elaborar estadísticas oficiales sometidas al secreto estadístico. Además, ciertos datos del padrón, tales como la dirección en la que residía el vecino, conforman los antecedentes históricos necesarios para cumplir funciones relacionadas con la fe pública del secretario del ayuntamiento respecto a solicitudes de información practicadas por notarios, órganos judiciales e interesados en los más diversos asuntos que afectan a la rotulación y numeración de edificaciones, solares, parcelas, vías y demás elementos que precisan ser coordinados física, catastral y registralmente. Por tanto, la dirección en la que residía un vecino que ha cambiado de residencia no debe ser suprimida al amparo del derecho de cancelación, ya que cumple una función de antecedente histórico necesario y no resulta inadecuado ni excesivo. Respecto a la fecha de nacimiento o estudios, por los mismos motivos, sensu contrario, se podrían suprimir si hubieran cumplido ya sus fines estadísticos. El teléfono se podría suprimir por innecesario e inadecuado, al amparo del derecho de cancelación. Si  usted se siente perjudicado y disconforme con una actuación administrativa nuestros profesionales podrán asesorarle en la defensa de sus derechos

Exigencia de garantías en demolición de obra ilegal para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe El Tribunal Supremo ha declarado que la exigencia de garantías no solo alcanza a las obras realizadas al amparo de una licencia anulada, sino también a las obras realizadas sin licencia. El supuesto arranca cuando una sociedad construyó un edificio pese a que se le había denegado la licencia para ello. Tras la confirmación judicial de dicha denegación, el ayuntamiento dictó decreto en el que se requirió a la constructora para que procediese a la demolición de la edificación, procedimiento que terminó con una resolución judicial acordando dicha demolición. Esta resolución judicial es recurrida ante el Tribunal Supremo al que se le platean las siguientes controversias:  ¿la orden de demolición solo afecta a edificaciones construidas con licencia ilegal y no afecta a las construidas sin licencia o afecta tanto a una como a otra? ¿la prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe, solo procede su exigencia a la Administración o también a terceros privados? ¿la exigencia de prestar garantías requiere la tramitación de un procedimiento o incidente aparte o es un trámite integrado en la misma ejecución? El Tribunal Supremo resuelve declarando que: es posible extender la demolición a las obras realizadas sin licencia, como sucede en este caso cabe la exigencia de garantías suficientes no solo a la Administración, también a terceros como los promotores de las obras a demoler la exigencia de tales garantías ha de ser valorada por los jueces, pero a favor de terceros de buena fe no se condiciona a la determinación del carácter debido de las indemnizaciones, estableciendo su importe. Si  usted se siente perjudicado por actuaciones similares nuestros profesionales podrán asesorarle en la defensa de sus derechos