CIVIL

Las cláusulas que limitan derechos pueden ser anuladas si en el contrato no figuraban de manera destacada y no fueron expresamente aceptadas Las cláusulas limitativas de derechos en las pólizas de seguros, toda vez que condicionan o modifican el derecho del asegurado y, por tanto la indemnización, cuando el riesgo objeto del seguro se produce, deben cumplir en cuanto a la forma de exponerse los requisitos formales expresamente previstos en la Ley de Contrato de Seguro y ser destacadas de un modo especial; además de ello, han de ser expresamente aceptadas por escrito. Son formalidades que son esenciales para comprobar que el asegurado tiene un exacto conocimiento del riesgo cubierto. Así lo ha declarado en Tribunal Supremo (TS) en el seno de un contencioso entre un transportista profesional y su aseguradora. El transportista denunció el robo de la mercancía transportada en su vehículo mientras este se hallaba estacionado en las instalaciones de un taller-nave ubicado en un recinto industrial. La mercancía sustraída estaba asegurada mediante una póliza de seguro de transporte terrestre, por lo que el transportista reclamó a su aseguradora, pero esta rechazó la reclamación alegando que la póliza concertada contiene una cláusula que excluye de cobertura los robos cuando el vehículo porteador y/o su carga se dejan sin la debida vigilancia. Cuando el transportista intentó hacer valer sus pretensiones vía judicial, los tribunales dieron la razón a la aseguradora, porque el vehículo en cuestión efectivamente se estacionó en un lugar abierto y sin vigilancia, incumpliendo con ello los requisitos de seguridad de estacionamiento exigidos por la póliza. Consideraron que esta cláusula no es no limitativa de derechos, sino delimitadora del riesgo. Decidió entonces el transportista recurrir ante el TS, que le ha dado la razón en los términos señalados. Para el TS, en efecto, la cláusula en la que se ampara la aseguradora para denegar la indemnización ciertamente condiciona el derecho del asegurado, por lo que debe considerarse como limitativa de derechos. Como quiera que no fue expresamente aceptada y firmada por el asegurado, la declara nula. Si usted se encuentra en una situación similar nuestros profesionales podrán asesorarle en la defensa de sus derechos

¿Se revisan a la baja las cuantías de las pensiones alimenticias cuando el IPC es negativo? La mayor parte de las sentencias que en los procesos de divorcio o familia establecen una pensión alimenticia de favor de los hijos, fijan una clausula de actualización de las mismas conforme a la variación del índice de precios al consumo (IPC) en su tasa interanual. Desde el pasado mes de abril de 2020, dicha tasa interanual se encuentra en valores negativos. En concreto, a noviembre de 2020 la variación se encuentra en el -0,8 y es previsible que se mantenga en negativo durante unos meses. No es la primera vez que ocurre y es habitual que los deudores de pensiones se pregunten si la cuantía de su obligación debe revisarse a la baja en estos casos, especialmente en estas fechas que se acaba el año natural. Aunque habría que analizar cada caso concreto, en principio, la regla general es que las pensiones alimenticias no se revisan nunca a la baja aunque el IPC interanual esté en negativo. Cuando se fija una pensión de alimentos, la decisión se basa fundamentalmente en dos puntos: a) se fija para cubrir todas o parte de las necesidades de los hijos; y b) se basa en una regla de proporcionalidad entre las necesidades del alimenticita y la disponibilidad económica del alimentante. Pero la realidad es que los ingresos (sueldo, salario, pensiones) del alimentante normalmente no disminuyen pues, o bien se incrementan o bien se congelan (salvo en alguna ocasión los salarios de los funcionarios), y las necesidades reales de los hijos raramente disminuyen. Téngase en cuenta además que para calcular el IPC se tienen en cuenta muchas partidas que no afectan a las necesidades de los hijos que conviven en el domicilio familiar. Por lo tanto, parece poco probable, en aras del beneficio e interés superior del menor, que prospere la pretensión de revisar a la baja una pensión alimenticia conforme a la variación en negativo del IPC.   Si necesita un abogado para la tramitación de un proceso de familia o divorcio nuestros profesionales sabrán proporcionarle la oportuna asistencia legal para una solución ajustada a su interés y el de sus hijos

Desconocer los ingresos exactos de un progenitor no impide determinar una pensión para sus hijos acorde con su verdadera capacidad económica Ante la dificultad en determinar con exactitud la capacidad económica de un progenitor que ejerce su profesión en determinados ámbitos en los que no existe el cobro a través de nómina  (autónomos, empresarios, etc.), a efectos de determinar la cuantía de una pensión alimenticia a fijar en un proceso de divorcio o de familia, se puede acudir a signos precedentes o coetáneos de ellos para inferir, en la medida de lo posible, tal capacidad. En efecto, es tradicional en los juzgados que, ante progenitores que no son funcionarios públicos o trabajadores por cuenta ajena, ante la dificultad que entraña aflorar la verdadera capacidad económica de las mismas, que tiende a disimularse en las crisis matrimoniales, se acuda a inferirla de sus circunstancias personales. Así nos lo ha recordado el Tribunal Supremo en una reciente sentencia que desestima la pretensión de un padre de reducir a lo mínimo posible la pensión alimenticia que se le impuso a favor de sus hijos tras el divorcio, aduciendo una frágil capacidad económica. Ninguno de los tribunales que conoció el caso le ha dado la razón, porque aunque no existiese constancia exacta de sus ingresos profesionales como abogado, dada la opacidad de los mismos, no ha resultado creíble que sus familiares más próximos sufraguen íntegramente sus gastos por encontrarse en una situación de penuria económica extrema como pretende aparentar, ejerciendo como ejerce desde hace décadas dicha profesión y no constar haber tenido nunca sobresaltos económicos durante la normalidad matrimonial.

¿Cómo se reparte el dinero de la cuenta bancaria del matrimonio en la que años atrás uno de los cónyuges ingresó una indemnización? Es un supuesto frecuente que uno de los cónyuges que recibe un dinero procedente de una indemnización personal, como pudiera ser, por ejemplo, por haber sufrido un accidente de circulación, ingrese ese dinero en la cuenta bancaria del matrimonio. La controversia se suscita cuando, años después, el matrimonio se divorcia, hay que disolver la sociedad de gananciales y el cónyuge que durante la normalidad matrimonial hizo el ingreso en la cuenta bancaria familiar con cuyos fondos se sufragaban las cargas del matrimonio, reclama  aquel dinero. El Tribunal Supremo (TS), dependiendo de las circunstancias, viene señalando en muchas ocasiones que, en supuestos de este tipo, del haber ganancial hay que hacer frente al pago a favor de este cónyuge de estas cantidades que en su día aportó, y actualizadas. Así ha sido también en una reciente sentencia, en un proceso al que llegaron los excónyuges porque no alcanzaron un acuerdo para liquidar su sociedad de gananciales. El esposo quería que se declarase privativo suyo y no de la sociedad de gananciales (y por tanto a repartir entre los cónyuges), el saldo disponible en el momento del divorcio en la cuenta bancaria del matrimonio en la que años atrás ingresó el dinero procedente de una indemnización, como consecuencia de las lesiones sufridas en un accidente de tráfico acaecido antes del matrimonio, aunque alguna de las cuantías que percibió ya fueron en estado de casado. Sin embargo, los tribunales no le dieron la razón, por lo que decidió recurrir ante el TS, que si se la ha dado. En efecto, el TS ha apreciado que el saldo de la cuenta en el momento de la disolución del matrimonio no alcanzaba el importe de la indemnización privativa percibida en su momento por el esposo, de lo que deduce que el saldo existente es el resto que queda de aquella indemnización; y que son los frutos de la misma, de carácter común, los consumidos en hacer frente a las cargas que durante el matrimonio se iban produciendo. Esta deducción resulta aún más sencilla si se tiene en cuenta que los únicos ingresos del matrimonio han sido los procedentes de la pensión por la invalidez permanente absoluta del esposo declarada como consecuencia del accidente sufrido.   Si necesita un abogado para la tramitación de un proceso de familia, divorcio o liquidación del régimen económico matrimonial, nuestros profesionales sabrán proporcionarle la oportuna asistencia legal para una solución ajustada a sus intereses

¿Se puede pactar la asunción de riesgos por una de las partes en el caso de un repunte de la pandemia? Los daños causados por la pandemia en la economía se han reflejado sobre todo en el ámbito de los contratos, pudiendo la parte que se vio en la imposibilidad de cumplirlo cuando se declaró el estado de alarma alegar que el riesgo de las consecuencias de la COVID había sido asumido por las partes. Por ello, muchos contratantes, por ejemplo, en arrendatarios de locales de negocio, han alegado que la falta de asunción del riesgo del COVID les permite oponerse a una reclamación del arrendador por impago de rentas. Sin embargo, una opción que se ha barajado en las negociaciones que se han llevado a cabo para resolver estos problemas es incluir una modificación en el contrato para que una de las partes asuma los riesgos del COVID en el caso de un repunte del virus. La validez de un acuerdo de asunción del riesgo COVID difiere según que el contratante sea o no consumidor. En función de esa circunstancia pueden darse diferentes situaciones. 1ª. Entre consumidores: el pacto de asunción del riesgo COVID es válido. 2ª. Entre profesionales: el pacto de asunción del riesgo COVID es válido también. 3ª. Solo una de las partes es consumidor:  Si la cláusula afecta solo al consumidor probablemente será considerada abusiva. Si es recíproca, para que vincule al consumidor debe haber un consentimiento libre e informado Si no se modifica el contrato para incluir «cláusula COVID», la cuestión debe enfocarse desde la perspectiva del fin contractual perseguido al tiempo de la contratación por ambas partes, pero cuidado con considerar que la situación que se genera solo afecta a la parte contratante más expuesta. Además, la parte a quien resulta excesivamente onerosa la prestación podría oponer la excepción de la cláusula conocida como «rebus sic stantibus» con la finalidad de rebajar la cuantía de la prestación o, incluso, se acuerde la resolución en el caso de que se frustre definitivamente la finalidad del contrato. Si ante la situación actual generada por la pandemia se está planteando renegociar las condiciones de un contrato nuestros profesionales analizarán su situación y le ayudarán a llegar a un acuerdo satisfactorio para todos.